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El gasto de la Pensión para el Bienestar para Adultos Mayores, uno de los programas prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llegará a una cifra de 2.08 billones de pesos para el 2050, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Al analizar el tema del presupuesto, y las reformas enviadas por el presidente el lunes pasado, el IMCO señaló que el crecimiento para el 2050 de sólo este programa será de 138 por ciento.
Entre las iniciativas mandadas por el presidente, se incluye la de reducir de 68 a 65 años la edad a partir de la cual la población tiene derecho a exigir al gobierno una pensión no contributiva, es decir, la Pensión para el Bienestar.
Otra de las iniciativas es que los trabajadores puedan tener 100% de su último salario como jubilación, por lo cual se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual buscará complementar las pensiones de los trabajadores.
El IMCO hizo énfasis en que el Ejecutivo Federal no estima el costo fiscal asociado a estas iniciativas, ni su evolución a mediano o largo plazo.
“La aprobación de estas reformas implicaría que el Estado mexicano asuma un pasivo contingente que se incrementará al ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores en el país, el cual será significativo a lo largo de los siguientes años. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), se espera que en los próximos 26 años la población de personas de 65 años y más se duplique, aumentando de 11.2 millones en el 2024 a 26.8 millones en el 2050”.
En tanto, el problema del Fondo de Pensiones para el Bienestar es que los recursos que lo financiarán no son recurrentes, lo que representa una limitante ya que podría ser incapaz de cubrir los nuevos compromisos en materia de pensiones.
Momento crítico
Actualmente, las pensiones son una de las grandes presiones que tienen las finanzas públicas. Tan sólo para este año, se espera que 22 de cada 100 pesos del presupuesto se destinen a ellas, considerando las contributivas y la Pensión para el Bienestar.
Además, el IMCO recordó que, de aprobarse las reformas, los compromisos financieros se adquirirán en un momento crítico para las finanzas públicas, ya que se tendrá este año el mayor déficit público como proporción del PIB.
“Un aumento significativo en el gasto en este rubro por parte del Gobierno Federal tendría consecuencias negativas al reducir aún más el limitado espacio fiscal disponible para financiar políticas públicas en áreas como educación, salud, seguridad e inversión pública, entre otras. Esto podría incidir de manera adversa en la competitividad y el crecimiento económico de México, afectando el bienestar de distintos sectores de la población”, aseveró.
