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Al contrario del gobierno actual, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, propone en su Proyecto de Nación 2024-2030 que, en caso de ganar el 2 de junio, el 65 por ciento del monto anual contratado por la administración pública federal será por licitación pública y poner en marcha una “política nacional de investigación y persecución penal”.
Para ello, prevé poner en marcha “el Sistema Nacional de Fiscalización” como una herramienta de coordinación de las distintas autoridades; fortalecer la capacidad de seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que las acciones que emita generen cambios en las instituciones públicas; y crear capacidades institucionales en los distintos órdenes de gobierno, poderes y órganos para prevenir y combatir efectivamente la corrupción.
En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el 80 por ciento de los contratos sólo en 2023 se entregaron por adjudicación directa, siguiendo la misma tendencia del sexenio y de los gobiernos anteriores.
De acuerdo con el documento “100 pasos para la transformación”, la exjefa de Gobierno de la capital manifiesta que “en México históricamente la corrupción ha sido una problemática persistente, transversal, sistémica, universal que ha representado un lastre que ha debilitado sus instituciones y minado la confianza pública”.
Por ello, se propone, derivado de los ‘Diálogos por la transformación’ que coordinó el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, “poner en marcha una política de Estado para que todas las instituciones públicas realicen con integridad y eficiencia sus adquisiciones, contratación de servicios, obras públicas y concesiones”.
La candidata morenista señala que “aun cuando hay importantes avances en la lucha contra la corrupción”, es importante consolidar un cambio institucional que garantice la continuidad de esta política, por lo que “se debe realizar una arquitectura de sistemas de información que permita cruzar información entre instituciones para poder monitorear, rastrear y sancionar los actos de corrupción”.
En ese sentido, considera que “es necesario avanzar en la digitalización de trámites y servicios, principalmente la mudanza hacia sistemas digitales de pago”.
Asimismo, propone garantizar trámites y servicios públicos con perspectiva ciudadana, privilegiando la innovación, el uso de tecnología y la simplificación; implementar un modelo nacional de nuevas herramientas para detectar, investigar y sancionar actos de corrupción; y conducir una gestión gubernamental acompañada de la participación social y reconociendo el derecho humano a una buena administración pública y a un ambiente libre de corrupción.
